Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía

Uno de los rasgos más definitorios de nuestra época es la dictadura de la fealdad que padecemos, cuyos aspectos más visibles lo constituyen las grotescas imposturas del mal denominado arte contemporáneo, pues de arte solo conserva el nombre. Espacios urbanos, zonas comerciales y hasta nuestros campos, playas y costas se encuentran colonizados por edificios y construcciones horripilantes, esculturas e instalaciones vulgares, conglomerados híbridos y sin alma, y grafitis, pintadas, plástico y hormigón a tutiplén, que afean nuestro entorno y deslucen el paisaje en nombre de una pretendida modernidad. Otra de las señas de identidad del presente es la inversión de los valores sobre cuya base se construyó la civilización cristiana o, lo que es lo mismo, la ruptura completa con los lazos comunitarios que tejieron con paciencia de relojero nuestros mayores –llámense Familia, Escuela, Iglesia de Roma, cuerpos intermedios o Monarquía– y su sustitución por la faramalla prometeica del transhumanismo y otras aberraciones sociales, presentadas siempre por la propaganda sistémica como señuelos apetecibles y gozosos. 

Ambas patologías, ruptura de los estándares estéticos y deconstrucción simbólica, confluyen en el escudo de monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango (Guatemala), investido cardenal por el Papa Francisco el pasado 5 de octubre de 2019. Como pueden apreciar nuestros lectores, dicho escudo (¿?) es un patchwork de calcomanías, a cual más ramplona y desubicada, en donde particiones, piezas y muebles heráldicos, y su elegante e intransferible lenguaje como modelo acabado de referencias semióticas, han sido sustituidos por un fotomontaje guay, banal y hortera, en plena sintonía, eso sí, con la ñoña catequesis progre que se imparte en la mayoría de las sacristías y, muy especialmente, con la geografía cotidiana del consumo: spots televisivos, vallas publicitarias, eslóganes, anuncios y cartelería a todo color. El constructo se remata con una  mitra que ha desplazado al capelo, por lo que el cardenalato solo se reconoce por las borlas, y con un latín y signos de puntuación del lema maltratados sin conmiseración ninguna. 

Algunos pensarán que el asunto que comentamos es una mera anécdota. A nosotros nos parece un preocupante síntoma de perdida de sacralidad y de claudicación de las instancias vaticanas a las modas y la mundanidad. Puede decirse que el proceso de desnaturalización progresiva de las armerías es parejo al alejamiento de la civilización moderna del mundo tradicional y de todo fundamento ontológico superior. La pervivencia a duras penas de rituales seculares establecidos contrasta con el deseo de dejar a toda costa una impronta de dudosa originalidad personal. Claro que transmutar la solemnidad institucional exigible a un príncipe de la Iglesia por un expositor publicitario no debiera asombrarnos si tenemos en cuenta los continuos excesos y performances litúrgicas a que nos tienen acostumbrados algunos clérigos, la última de ellas ocurrida hace dos semanas con el espectáculo de Tangana bailando bachata entre los muros santos de la catedral primada de Toledo. ¡Si Monseñor Bruno Bernard Heim (el más más grande heraldista eclesiástico del siglo XX) levantara la cabeza!

El desconocimiento que sobre nuestro pasado histórico como nación, sus personajes más renombrados y sus instituciones más señeras hacen gala a diario la mayoría de autoridades, instancias más o menos influyentes, redes sociales y medios de comunicación rebasa todos los límites razonables. Un ejemplo, entre otros muchos, lo tenemos en el Principado de Gerona. Esta dignidad dinástica, una de las vinculadas (junto con los principados de Asturias y Viana) al Heredero de la Corona de España, viene siendo objeto de un tratamiento completamente desenfocado desde hace décadas.

Digámoslo alto y claro: el Principado de Gerona no puede identificarse, como si fuera un patrimonio exclusivo, ni con la ciudad o provincia de su mismo nombre ni tampoco con Cataluña. Su origen procede de la decisión del rey Pedro IV de Aragón, llamado El Ceremonioso, de crear un título –el ducado de Gerona– que consolidara la posición de su primer hijo varón, Juan, cuyo nacimiento puso fin a los problemas de la falta de descendencia masculina del Rey. Esta significación especial del Heredero con un título privativo estaba en consonancia con iniciativas similares adoptadas pocos años antes en los reinos de Inglaterra y Francia, el principado de Gales y el Delfinado, respectivamente.

Tras la llegada al trono aragonés de la Casa de Trastámara se vio la necesidad de reforzar la figura del Heredero, por ello Fernando I de Antequera decidió elevar el rango del ducado a principado (1414). Su hijo Don Alfonso sería jurado como “Príncipe de Gerona y Primogénito de Aragón”, Jerónimo Zurita dixit, en La Seo de Zaragoza. Desde entonces, con algunas interrupciones en su uso, estuvo asociado a los Herederos de la Corona de Aragón –no de Cataluña– y tras la Monarquía unificada a los de la Corona española. Recordemos que Don Juan de Borbón, en 1961, al anunciar el compromiso de Don Juan Carlos con la princesa Doña Sofía lo hizo nombrándole en un comunicado oficial con los tres títulos dinásticos tradicionales del Heredero de la Casa Real española, Asturias, Gerona y Viana. En la actualidad, aunque el Principado de Asturias resulta omnipresente, el art. 57.2 de la Constitución Española sanciona que el Príncipe heredero “tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España”.

Pese a estos antecedentes tan meridianamente claros, se insiste una y otra vez por muchos en asociar el Principado de Gerona con Cataluña o la ciudad de Gerona, en detrimento de los otros territorios, Aragón, Valencia e Islas Baleares, que en su día formaron parte también de la Corona de Aragón. Ya en los años ochenta del pasado siglo, siendo Jordi Pujol presidente de la Generalidad de Cataluña, se pretendió investir a Don Felipe como Príncipe de Gerona en una confusa ceremonia proyectada en Barcelona ninguneando a Aragón. Un oportuno artículo en Diario 16 del entonces presidente de las Cortes aragonesas, Don Juan Monserrat Mesanza, desbarató a última hora la maniobra. Poco tiempo después, el presidente aragonés Marcelino Iglesias, con ocasión de la visita oficial de tres días del Príncipe Felipe a la Comunidad Autónoma, se dirigió a S.A.R. en público en los diferentes actos programados como Príncipe de Gerona, para sorpresa de muchos de los presentes. A raíz de estos episodios, Aragón redobló esfuerzos en sus planteamientos integradores: el título y todos los aspectos simbólicos que conlleva debían ser administrados por todos los actores en liza –Casa del Rey, Administraciones Públicas y operadores privados– con prudencia, resaltando sus aspectos conciliadores y, sobre todo, respetando y no manipulando la Historia.

Sin embargo, produce cierta desazón admitirlo, las cosas continúan sin hacerse bien. La pacata respuesta oficial a la moción elevada por el Ayuntamiento de Gerona, cuyos ediles resolvieron hace un par de años en plena ofensiva separatista “que el Principado de Gerona es un título que no representa a la ciudad”, instando a Doña Leonor a “dejar de utilizarlo”, evidencia que ni siquiera los funcionarios de la Casa de Su Majestad saben que dicha dignidad dinástica le corresponde a la heredera de la Corona española como primogénita de la Corona de Aragón y que, por tanto, lo que pueda opinar el Ayuntamiento de Gerona es, en este punto, irrelevante. Por lo demás, casi todos los medios de comunicación siguen vinculando el título en exclusiva a Cataluña y la ciudad de Gerona mientras las autoridades aragonesas parecen haber tirado la toalla en sus justas reivindicaciones. Este cúmulo de circunstancias determinaron que Don Felipe acabara haciendo un uso muy poco convincente del título, ambigüedad que se ha trasladado a Doña Leonor.

Para acabar de complicar las cosas, la Fundación “Princesa de Girona” mantiene una trayectoria bastante errática, relacionada con la idea indolora de una empresa de prestación de servicios y descomprometida con los aspectos culturales y metapolíticos del título. Si se consulta su página web veremos que ha optado por una identidad visual abstracta, banal, genérica, con un azul de fondo como de compañía sanitaria o de seguros y que en su cúpula gestora solo figuran personas del ámbito catalán. Nada de referencias históricas al origen de la institución. Ni una simple fotografía de Doña Leonor en su página de presentación. El título utilizado como mera marca comercial. Aunque se trate de una entidad privada, sería bastante lógico que la composición de su patronato fuera similar a la del Archivo de la Corona de Aragón, con representación paritaria de las cuatro Comunidades Autónomas que configuraron históricamente el conjunto de territorios que se conoció como Corona de Aragón.

Resulta indudable que la Monarquía, con sus liturgias y su entronque inteligible con la Historia, dispone de numerosos recursos para dar brillo, contrapeso y protagonismo a las demás instituciones del Estado. La fórmula empleada en el Reino Unido de usar variantes de las armerías reales, banderas y protocolos según el territorio en el que se exhiban o se apliquen, y el hecho de que las denominaciones de los títulos que ostentan los royals se correspondan con ciudades y topónimos diferentes, permite reflejar la pluralidad en la unidad y un paisaje vital integrador en el que ciudadanos de muy distantes afectos e identidades pueden reconocerse. ¡Qué distinto al panorama existente en nuestro país!

La Asociación Profesional de Peritos de las Nuevas Tecnologías-PETEC ha creado la Medalla al Mérito de la Ciberdefensa. Y lo ha hecho con calculada ambigüedad, de modo que los ciudadanos no iniciados en asuntos premiales, que son la inmensa mayoría, pensarán muy posiblemente que nos encontramos ante una nueva condecoración oficial. Nada más lejos de la realidad. Se trata de una distinción de naturaleza estrictamente privada aunque la denominación elegida incluya la palabra "Ciberdefensa", actividad sobre la que, como es sabido, ejerce competencias exclusivas el Estado por medio del Ministerio de Defensa, según mandato del art. 149.4 de la Constitución.
Por si fuera poco, el diseño guarda enorme parecido con la Cruz de Guerra, la cinta de la que cuelga exhibe los colores de la bandera de España y la nota de prensa que la Asociación Profesional de Peritos de las Nuevas Tecnologías ha distribuido al efecto no duda en tratar de justificar la decisión adoptada envolviéndola en una retórica oficial: "en 2013 el Ministerio de Defensa creó el Mando Conjunto de Ciberdefensa, dependiente del Estado Mayor de la Defensa. Ese mismo año se aprobó la primera Estrategia Nacional de Ciberdefensa. Años antes, y adscrito al CNI, se puso en marcha el Centro Criptológico Nacional... "
Si unimos a todas estas circunstancias el hecho de que la creación se ha dado a conocer en el Boletín Oficial del Estado, la confusión está servida. Porque, lo que sus avispados promotores no dicen, claro está, es que el anuncio en el Boletín lo ha sido en la Sección de "Anuncios Particulares" y que previamente han tenido que abonar el importe de su inserción.
La creciente invasión de los espacios de representación simbólica tradicionalmente reservados al Estado por parte de operadores privados ha provocado un incremento absolutamente injustificado de "condecoraciones" de este tipo, de forma que la ciudadanía ya no distingue cuando estamos ante una condecoración otorgada por los poderes públicos y cuando estamos ante un galardón meramente asociativo o con encubiertos fines publicitarios, mercantiles o empresariales.
Nada que objetar a que una asociación privada cree una distinción para premiar a sus asociados o a ciudadanos particulares u otras entidades que se hayan hecho merecedoras de ello. El problema se suscita cuando, como en el caso que nos ocupa, las normas de concesión contemplan expresamente que sus destinatarios son “Funcionarios del Estado, Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Reales Fuerzas Armadas” o “autoridades o personas que acrediten méritos y servicios en la Ciberdefensa”. Y nos preguntamos, ¿Qué legitimidad tiene una entidad privada para “acreditar méritos y servicios en la Ciberdefensa”? ¿qué ocurre si las autoridades de los Ejércitos no comparten la benévola valoración que de unos pretendidos merecimientos sobre una competencia que ejercen en exclusiva hace una instancia particular?
A buen seguro, no tardaremos en ver en las redes sociales y en las páginas de un diario nacional de referencia fotografías de los miembros de la Asociación Profesional de Peritos de las Nuevas Tecnologías junto a uniformados de alta graduación, todos muy ufanos y satisfechos tras haber recibido la referida "condecoración". No es la primera iniciativa de este tipo. Desde hace unos años a esta parte algunos medios se hacen periódicamente eco de los actos de imposición de unas pintorescas medallas privadas, con apelativos y denominaciones rimbombantes, a diplomáticos y altos mandatarios extranjeros, la mayor parte pertenecientes a países lejanos y exóticos a buen seguro poco conocedores de la historia de nuestro país. La Política Exterior es, junto con la Defensa Nacional, el otro gran pilar sobre el que descansa la acción unitaria del Estado, hasta el punto de que ni siquiera las Comunidades Autónomas están habilitadas para impulsar actuaciones en este ámbito. ¿Son plenamente conscientes los destinatarios de tales “condecoraciones” que lo que reciben nada tiene que ver con el interés público ni con los objetivos de la actividad diplomática definida por el Gobierno?
El Derecho Premial español, salvo honrosas excepciones, es un guirigay de normas y disposiciones desfasadas, eventos deslucidos o cursis y pretenciosos, según el organizador de turno, y comportamientos absolutamente desnortados. Por favor, no lo maltratemos más.