El llamado “caso Mediador”, del que llevan ocupándose desde hace semanas los medios de comunicación, y en el que se encuentran involucrados varios políticos y parlamentarios del PSOE, empresarios y un general de la Guardia Civil retirado, —en prisión preventiva por su relación directa con los hechos investigados—, presenta un nuevo y maloliente ingrediente que añadir a los ya conocidos de corrupción, drogas y prostitución, según han dado a conocer las páginas del diario El Debate con un llamativo titular: “El general de la trama de Tito Berni creó una medalla falsa de la UE para agasajar empresarios”. Ingrediente que tiene que ver directamente con el estudio y dignificación de los estudios premiales, tareas asumidas estatutariamente desde su fundación por esta Real Academia.

Según cuenta el referido digital, el general Espinosa, aprovechando su mandato al frente del Proyecto Gar-Si Sahel, —un plan de cooperación internacional impulsado y financiado por la Unión Europea en la zona subsahariana, destinado a mejorar la seguridad y la formación de las fuerzas locales, en el ámbito policial—, creó una “medalla-insignia” con la finalidad de distinguir “a cuantas autoridades y colaboradores se hayan hecho merecedores de un especial reconocimiento por la asistencia y participación en las actividades del mismo; así como al personal civil y militar que haya contribuido de una forma destacada al éxito y desarrollo del Proyecto, previa evaluación positiva de dicha contribución por la autoridad que lo concede”.

Expuestas así las cosas, no debiera en principio extrañar a nadie la aparición de un instrumento premial de estas características dado que es habitual que tras la ejecución de muchas misiones internacionales en las que participan uniformados, militares y miembros de las fuerzas policiales, los países u organizaciones supranacionales que las promueven aprueben una medalla para distinguir hechos más o menos relevantes relacionados con las mismas o acreditar simplemente su participación en ellas. No obstante, si analizamos con un poco de reposo la noticia y documentos desvelados por El Debate se aprecian enseguida unas connotaciones que perfilan lo sucedido como un caso más de medallitis vehemens o epidemia de vanidades para la que parece no existir vacuna en España. Eso sin especular con que pudiera la presea de marras servir de tapadera o medio instrumental para el logro de propósitos abiertamente delictivos, asunto que como corporación científica no nos corresponde valorar.

Efectivamente, lo primero que llama la atención es que el diploma que certifica de propia mano con su firma el general Espinosa concediendo la “Medaille-Insigne du Projet GAR-SI SAHEL” está encabezado con las palabras “UNIÓN EUROPÉENNE” cuando es sabido que la Unión Europea carece de sistema premial propio y únicamente otorga actualmente una condecoración: la Medalla al Servicio de la Política Común de Seguridad y Defensa (puesto que su antecesora, la Medalla de Servicio de la Unión Europea Occidental dejó de concederse en 2011, coincidiendo con la disolución de la Unión Europea Occidental). Lo cierto es que la Unión Europea es por completo ajena a esta iniciativa —tal y como ha confirmado por escrito el pasado 14 de marzo el Departamento de Comunicación de la Representación en España de la Comisión Europea— y que ni la Dirección General de la Guardia Civil ni el Ministerio de Defensa habían sido consultados o advertidos previamente sobre el tema.  

Alguien pudiera argumentar que se trata de un simple desliz tipográfico y que, a pesar de todo, el general Espinosa tenía atribuciones, en ejercicio de un derecho de autoregulación administrativa, a instituir la medalla en su condición de director del Proyecto GAR-SI SAHEL, pero tampoco cabe aceptar esta hipótesis pues el documento invocado —el Document of Action aprobado por la Unión Europea para la ejecución del Proyecto GAR-SI SAHEL— no le faculta para dar a luz una condecoración ni nada que se le parezca. Cabe colegir, en consecuencia, que el general carecía de fons honorum para crearla. El que se trata de un archiperre ajeno a toda instancia oficial lo corrobora el hecho de que su diseño y fabricación hayan sido realizados por dos ciudadanos particulares sin haberse instruido el pertinente expediente de contratación consustancial a todo empleo de fondos públicos. Resulta igualmente curioso que las iniciales de uno de los empresarios señalados por El Debate coincidan con un animoso personaje que lleva años prodigando condecoraciones de baratillo a todo el que quiera atenderle, unidades militares y diplomáticos extranjeros de muy variado pelaje incluidos.

A la vista de lo expuesto, resultaría muy esclarecedor conocer la huella administrativa de la tramitación de la “Medaille-Insigne du Projet Gar-si Sahel”: si se trató de una ocurrencia del propio general o de alguna otra persona o grupo de interés y el nombre de quienes han intervenido, directa o indirectamente, en materializar esta disparatada “condecoración” y, particularmente, el de todos los agraciados que la han recibido y los especiales “méritos” contraídos para ello. 

Nuestro Derecho Premial es, hoy por hoy, un conjunto normativo añoso y desordenado, sin claras cláusulas derogatorias, que nadie parece interesado en actualizar, en una manifestación evidente de lo que la doctrina conoce como inactividad de la Administración, que contrasta fuertemente con la legislativitis compulsiva que padecen desde hace años otros ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico. La proliferación de condecoraciones de fantasía que se hacen pasar por oficiales no hace sino empeorar las cosas. Si, como apunta El Debate, la medalla ha servido como moneda de cambio para obtener favores inconfesables peor todavía. 

Que nadie espere una reacción oficial a este chusco episodio. Hace tiempo que muchas de las disfunciones que se producen una y otra vez en el Ceremonial y Protocolo del Estado son resueltas por el expeditivo procedimiento de dejar que se pudran en un cajón. La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía no puede permanecer impasible ante lo sucedido y aunque no le corresponde, obviamente, adoptar decisión alguna al respecto, cumple con su deber de advertir que casos como el denunciado por El Debate no hacen sino empañar el buen nombre de España y de sus instituciones. 

Ver noticia en El Debate, 14-3-2023