El pasado 26 de junio, y dentro del ciclo dedicado a La Orden del Toisón de Oro: debates y problemas historiográficos, organizado por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, tuvo lugar la tercera de las conferencias programadas, impartida esta vez por nuestro compañero numerario el general Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, vicedirector de la corporación. El periodo tratado se inicia con el llamado pleito sucesorio que se desencadenó a la muerte de Fernando VII, ocurrida el 29 de septiembre de 1833, y concluye con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.
La primera cuestión estudiada por el ponente es la del incumplimiento del artículo LXV de las Constituciones de la Orden, dadas en Lille en 1431, pues al morir el Rey Don Fernando VII y sucederle una hija, debió pasar la jefatura de la Orden a alguno de los varones de la Real Familia que fuese caballero de la misma. Y sabemos que no fue así, al estimarse, posiblemente, que si la Reina Gobernadora estaba capacitada para decidir sobre las grandes cuestiones políticas del Reino, también lo era para regirla en nombre de Isabel II, menor de edad. Esta situación refleja una creciente confusión entre quienes consideraban la Insigne Orden como un patrimonio estrictamente dinástico y quienes veían en ella una distinción puramente estatal.
El gabinete moderado de don Joaquín Francisco Pacheco acometió en 1847 una profunda reforma del sistema de las órdenes civiles españolas. Aunque el Gobierno regula extensamente la concesión de las cruces de las Órdenes de Carlos III, Isabel la Católica y San Juan nada innovó respecto del Toisón de Oro. Cuatro años después, el 28 de octubre de 1851, se promulgó un segundo Real Decreto sobre la misma cuestión. En su artículo primero se decía de forma clara que: “No se concederá en adelante la insigne Orden del Toisón de Oro, ni la Gran Cruz de Mis Reales Ordenes de Carlos III e Isabel la Católica, sin que proceda propuesta acordada en Mi Consejo de Ministros”. Los Decretos de 1847 y 1851 supusieron no solo un punto de inflexión en la historia de la Insigne Orden del Toisón de Oro desde la perspectiva jurídica e institucional sino también una primera interrupción del legado cultural y simbólico de los Duques de Borgoña.
Una vez proclamada la Constitución de 1869, el Duque de la Torre, en su calidad de Regente, concedió cuatro collares. Muy poco después, el 16 de noviembre de 1870, resultó elegido el nuevo Rey Don Amadeo de Saboya que se titularía Jefe y Gran Maestre de la Insigne Orden del Toisón de Oro, aunque no aparece documentada su investidura. Sí las nueve concesiones que hizo a otros tantos caballeros entre 1871 y 1873.
Inmediatamente después de la proclamación de la Primera República, el gobierno presidido por Estanislao Figueras promulgó el 29 de marzo de 1873 un decreto, precedido por una “exposición” que contenía una durísima crítica histórica, por virtud del cual se declaraban “extinguidas” las órdenes civiles de Carlos III, Damas de María Luisa e Isabel la Católica, –las militares se mantuvieron–, no mencionándose para nada, –sorprendentemente– al Toisón de Oro. Restaurada la Monarquía, ya antes de la llegada del Rey Alfonso XII a España el Ministerio-Regencia, presidido por don Antonio Cánovas del Castillo, se apresuró a dictar el Real Decreto de 7 de enero de 1875, por el cual se restablecieron las Órdenes de Carlos III, de Damas Nobles de María Luisa, y de Isabel la Católica “en los términos prescritos en sus respectivas constituciones”. No acoge tampoco ninguna referencia al Toisón.
García-Mercadal expuso a continuación algunos episodios poco conocidos de la historia de la Orden, entre ellos el proyectado (y frustrado) capítulo de la Orden a celebrar en la catedral de Barcelona –donde había tenido lugar el célebre del año de 1519–, y la petición dirigida en 1922 por el destronado Emperador Carlos I a su primo el Rey de España encomendándole, mientras durase su exilio, la dirección de la rama austriaca de la Orden y rogándole que al mismo tiempo se hiciera cargo del archivo y tesoro corporativos y las complicadas negociaciones que siguieron, perdiéndose finalmente una magnífica ocasión para reunificar las dos ramas de la Orden.
La Insigne Orden fue utilizada por la Corona como un medio de influencia de la política extranjera de España. Las relaciones con las cortes y cancillerías europeas fue asegurada por la elección como caballeros de la Orden de los más importantes monarcas y príncipes de Europa, así como los presidentes de la República Francesa. El número de collares concedidos durante los cincuenta y cinco años de la que hasta hoy es sin duda más larga jefatura y soberanía de la Insigne Orden –la de Don Alfonso XIII– asciende a ciento tres. Las últimas concesiones del Toisón, siendo Alfonso XIII su Gran Maestre y Ministro de Estado Santiago Stuart y Falcó, están fechadas el 5 de febrero de 1931 y se corresponden a los caballeros Carlos María Cortezo, presidente del Consejo de Estado, Juan Bautista Aznar, presidente del Consejo, y el Duque de Miranda, Jefe Superior de Palacio.
Finalmente, García-Mercadal llamó la atención sobre una circunstancia para la que no encuentra explicación: el silencio que sobre el Toisón guardan las disposiciones que durante el reinado de Alfonso XIII fijaban el orden de precedencias protocolarias en Palacio, circunstancia que le permite afirmar que la Orden presenta en el periodo estudiado (y todavía en el presente) unos perfiles jurídico-institucionales inaprensibles y refractarios a su positivación en la Gaceta de Madrid.
La conferencia, muy concurrida, fue seguida de un animado coloquio.
